Varias asociaciones de transportistas -las más importante según unos, las no tan importantes según otros – están desde hoy en huelga. Dicen que no obtienen beneficios con los precios actuales de los combustibles y echan la culpa al Gobierno. Voy a ahorrarme calificativos hacia la capacidad intelectual de ciertos transportistas -que, entiendo, en muchos casos se fían de lo primero que se les dice por falta de (in)formación-, pero no hacia lo que piden y sus actuaciones.

Es el cuento de siempre. Cuando las cosas van bien los beneficios son míos y sólo míos. Cuando van mal el único responsable es el Estado -en una economía de libre mercado. Y lo que nos quedará por oír-. El caso es que ni los precios mínimos, ni el aumento de subvenciones, ni ninguna de las medidas que ellos mismos proponen van a solucionar la crisis. Porque si el petróleo sigue subiendo, en pocos meses las medidas habrán quedado obsoletas y pedirán más y más hasta llegar a lo inasumible. Y, del mismo modo, todos los españoles querríamos tener acceso a esas subvenciones, porque somos iguales, ¿no? El Gobierno no debería ceder un ápice ante posturas absurdas de pan para hoy y hambre para mañana que parecen diseñadas por preescolares. Además, porque será por el bien de los propios transportistas.

Por otro lado, las acciones de los piquetes son intolerables. Y las amenazas de sabotaje a eventos como la inauguración de la Expo de Zaragoza deberían, si me apuran, hasta constituir un delito en grado de tentativa. Los huelguistas ejercen su derecho. ¿Por qué quienes quieren trabajar no pueden ejercerlo? ¿Por qué en estos casos las Fuerzas de Seguridad del Estado no cargan contra los piquetes? No puede tolerarse ni la más mínima intimidación y, tanto Policía como Guardia Civil, deben asegurar tanto la tranquilidad de quienes han decidido trabajar como el derecho a manifestarse de quienes han decidido secundar la huelga. Basta ya de tonterías.